El acuerdo con Repsol y la impunidad ambiental

La negociación del gobierno argentino con Repsol, para cerrar el proceso de expropiación de YPF, enmarca en la ‘Razón Petrolera’, una lógica que privilegia los derechos adquiridos por la empresa sobre cualquier otro derecho.
A principios de 2012, en vísperas de la expropiación parcial de las acciones de YPF en poder de Repsol, la desinversión y fuga de capitales, sumado a los pasivos ambientales resultantes de la actividad de esta empresa, fueron presentados para respaldar una decisión, de por sí, soberana. Las denuncias de las comunidades directamente afectadas por la explotación de hidrocarburos en sus territorios, que desde los años ’90 habían sido desatendidas y criminalizadas, fueron utilizadas como argumento para minimizar la valoración del paquete expropiado. Guillermo Coco, ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén, proyectó en 1.500 millones de dólares el pasivo ambiental que tenía YPF-Repsol (Río Negro, 15/05/2012). En ese sentido trascendió que un inventario elaborado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz le atribuía a Repsol un pasivo ambiental valuado en 500 millones de dólares. El listado de irregularidades incluía unas 1.700 piletas mal desechos saneadas, sobre un total de 5.000 que la empresa tiene en la provincia. En tanto el ministro de Planificación, Julio De Vido, por esos días afirmaba: “Vamos a acogernos a lo que plantee la ley que fijará el valor (de la compañía). Pero el desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio” 

Comunicado ante la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas anti-fracking en Río Negro

La Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén rechaza el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que declara inconstitucional la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Allen, en el marco de una contundente movilización popular.
Este fallo representa un claro retroceso encabezado por la justicia y amparado por el gobierno provincial de Río Negro y por el gobierno nacional, en relación con las luchas desarrolladas por los vecinos y las vecinas del Alto Valle de Río Negro, en vistas a proteger no sólo el ambiente sino también economías regionales tradicionales y alternativas a los enclaves petroleros. El pueblo, reconociendo que el alto impacto que ocasiona la industria hidrocarburífera no convencional profundiza las consecuencias de la actividad hidrocarburífera convencional, resistió la destrucción territorial y social que convierte a las ciudades en verdaderas zonas de sacrificio.